La responsabilidad de cubrir los costos asociados al cambio climático, que recae actualmente en los países más vulnerables, plantea interrogantes sobre quién debe asumir la factura, a través de qué mecanismo y bajo qué condiciones. Estas cuestiones se perfilan como fuente de tensiones en la próxima COP28, que se llevará a cabo en un contexto ya polarizado.
A partir del jueves 30, cerca de 200 países se reunirán en Dubái para retomar las conversaciones sobre cómo evitar que el aumento de la temperatura global supere los 1,5 ºC para el año 2100, en comparación con los niveles preindustriales. También se abordará la preparación para eventos climáticos inevitables y la distribución de los costos generados por el cambio climático.
En estas negociaciones, que se prolongan desde hace tres décadas, uno de los temas cruciales para los países en desarrollo, especialmente aquellos más vulnerables a la crisis climática, como los pequeños estados insulares, es el apartado de Pérdidas y Daños, el octavo capítulo del Acuerdo de París.
En la COP27 del año pasado en Sharm el Sheij, estos países lograron una victoria histórica después de intensas negociaciones que apuntaban a cerrar la cumbre sin acuerdo. A último momento, se acordó la creación de un fondo para financiar los daños causados por la crisis climática. Sin embargo, persiste la discordia sobre quiénes deben contribuir y beneficiarse del fondo, un asunto aún sin resolver.
La Unión Europea y Estados Unidos se oponen a la clasificación de países «desarrollados» y «en desarrollo» según el Anexo I, una división utilizada en las conversaciones climáticas desde hace treinta años. Esta disputa refleja la polarización mundial, ya que la UE y EE.UU. argumentan que el mundo ha cambiado desde la década de 1990, y consideran injusto que China, ahora una potencia económica, reciba fondos del mencionado fondo sin contribuir.
En la COP28 se espera que este debate persista, mostrando la división global, mientras que la sociedad civil y los países en desarrollo, que ya sufren los costos humanos y económicos del cambio climático, instan a los estados a tomar «pasos concretos» para implementar rápidamente el mecanismo.
Hasta ahora, el fondo permanece vacío, pero durante la cumbre se esperan compromisos voluntarios de contribuciones, como los anunciados por la UE y algunos Estados miembros, como Dinamarca.
Otra lucha en la que participarán los países del Sur Global se refiere a la independencia del fondo. Estos países demandan que sea independiente de otros mecanismos existentes, como el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Adaptación, y que no desvíe financiamiento, sino que genere recursos adicionales.
El Comité de Transición, creado después de la COP27, ha trabajado durante todo el año para proponer detalles específicos. En una reunión reciente en Abu Dabi, sugirió que el fondo de pérdidas y daños se ubique provisionalmente en el Banco Mundial durante los próximos cuatro años, con la posibilidad de que permanezca de manera definitiva.
Esta propuesta debe ser aprobada en la COP28, pero ha generado críticas por parte de la sociedad civil y representantes de países en desarrollo. Temen los altos costos asociados con la participación del Banco Mundial y desconfían de esta institución, argumentando que perpetúa el «colonialismo financiero» al crear deuda.
El científico argentino Esteban Servat, miembro de la campaña DeudaxClima, advierte que alojar el fondo en el Banco Mundial profundizará las relaciones coloniales en las comunidades más vulnerables, calificándolo como poner «al zorro a cuidar el gallinero».
Los activistas destacan las obligaciones de los países desarrollados como principales emisores de gases de efecto invernadero. Rechazan la denominación de «donantes» y exigen que los fondos se asignen en forma de subvenciones, no como préstamos.
