La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que por primera vez consagra de forma universal el derecho humano a un medioambiente «limpio, saludable y sostenible».

El texto, impulsado por un grupo de países liderado por Costa Rica, ha recibido el apoyo de 161 estados miembros, ningún voto en contra y ocho abstenciones (entre otros de Rusia, China o Irán).

La decisión sigue a una similar aprobada el pasado octubre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es considerada como un paso histórico por grupos ecologistas.

«La histórica votación de hoy afirma que todo el mundo, sin importar dónde, tiene derecho a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible», destaca en un comunicado el Center for International Environmental Law (CIEL), una organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra.

El CIEL subraya que la decisión llega en un momento de «crisis planetaria» y puede servir para movilizar recursos en favor de la defensa del medioambiente y a la hora de que las comunidades afectadas por la polución puedan defender sus derechos.

El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David R. Boyd, ha manifestado en un comunicado que «esta resolución tiene el potencial de ser un punto de inflexión para la humanidad», mejorando la vida de millones de personas y la salud del planeta.

La delegación de Costa Rica, que se encargó de presentar el texto ante el plenario de la Asamblea General, ha indicado que el documento contribuirá a mejorar la respuesta a esta «triple crisis» y a intensificar el trabajo para garantizar un entorno limpio para todos.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, figuran entre las más importantes dentro de la estructura de la ONU y suponen un reflejo de la voluntad del conjunto de los países de la organización.

Guterres ha recalcado que la decisión demuestra que la comunidad internacional es capaz de unirse para proteger el planeta y a sus habitantes, y considera que el reconocimiento de este derecho ayudará a «reducir las injusticias medioambientales» y servirá de apoyo a los activistas en este ámbito.

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