La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un llamado a Brasil para reforzar sus controles y políticas públicas con el objetivo de contener el preocupante aumento de la deforestación en el país durante los últimos tres años.
En su informe anual, la OCDE destacó que, aunque Brasil tiene relativamente bajas emisiones de gases contaminantes provenientes de combustibles fósiles debido a su considerable utilización de fuentes de energía renovable (45 %), la devastación de sus bosques está exacerbando este problema. Esto se debe a que los bosques brasileños actúan como un sumidero natural de dióxido de carbono, y Brasil alberga la mayor extensión de bosques tropicales del mundo en la Amazonía.
En la Amazonía, un bioma fundamental para el equilibrio climático global, la tasa de deforestación entre 2019 y 2022 aumentó en casi un 60 % en comparación con el periodo anterior de cuatro años, resultando en un promedio anual de 11,396 kilómetros cuadrados de área devastada.
Durante estos cuatro años, Brasil estuvo bajo el gobierno del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, conocido por su postura a favor de la explotación de recursos naturales en la Amazonía, incluso en áreas indígenas, lo que generó críticas de los ecologistas debido a su flexibilización de los controles destinados a prevenir la destrucción de la selva.
Las políticas implementadas durante su mandato incluyeron recortes de presupuesto y personal en las agencias de control ambiental, lo que provocó un aumento de la minería ilegal y el comercio ilícito de madera, principales factores detrás de la deforestación en el bioma.
En respuesta a esta situación, la OCDE recomendó a Brasil fortalecer su marco legal de protección para combatir la devastación ilegal de los bosques y garantizar recursos humanos y financieros adecuados para llevar a cabo los controles necesarios y prevenirla.
Además, instó a diversificar aún más las fuentes de energía renovable mediante el desarrollo de la energía eólica y solar, con el fin de reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica.
El informe de la OCDE también enfatizó la importancia de abordar la pobreza y las desigualdades en el país, un objetivo que se alinea con la política del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha liderado una campaña global para reducir las disparidades sociales. Entre las recomendaciones de la organización se incluyen una redistribución del gasto social en beneficio de los más desfavorecidos, un mayor acceso a la educación y la mejora de la calidad de la educación.
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