El Congreso de Colombia continuará la discusión en la próxima legislatura, que comienza a partir del próximo 20 de julio, de un proyecto de ley que busca declarar como nuevos delitos varias acciones en contra de la biodiversidad.
La deforestación, el aleteo (la práctica de cortar las aletas de los tiburones para exportarlas a países asiáticos), el aprovechamiento ilícito de las aguas y de los recursos biológicos, la destrucción y el comercio ilícito de los corales, además de la destrucción del suelo por diversas actividades como la minería ilegal, entre otros, están entre las actividades que podrían ser declaradas como delitos ambientales en el país.
El proyecto fue aprobado en primer debate por unanimidad en la Cámara de Representantes y busca introducir tipos penales que crean 17 nuevos delitos ambientales, modifica los 11 ya existentes y aumentan las penas y las sanciones para aquellas personas naturales o jurídicas que incurran en ellos.
El representante a la Cámara Juan Carlos Losada es el autor de la iniciativa que propone actualizar el contenido y el alcance de los delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia.
De acuerdo con Losada, el proyecto busca unificar los topes mínimos y máximos en las penas de prisión y las multas. Dependiendo de los delitos y de acuerdo con su gravedad, las multas estarán entre 118 millones de pesos y 44 mil millones de pesos. Las penas, por su parte, oscilarán entre 3 y 15 años de prisión.
Además, el proyecto plantea que se puedan fijar medidas cautelares, extinción de dominio, modalidad culposa y definir algunas circunstancias de agravación de las penas.
La iniciativa aprobada en primer debate en Cámara también pretende reformar delitos que ya están contemplados en el Código Penal, como la caza ilegal, la explotación ilícita de yacimientos mineros y de otros minerales, la pesca ilegal, el manejo ilícito de especies exóticas, el manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos, al igual que los daños en los recursos naturales, la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos y por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, la experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos y la invasión de área de especial importancia ecológica.
De aprobarse, la nueva ley establecería como nuevos delitos, además de los mencionados, otros como el ecocidio, la destrucción o alteración de hábitat, la financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, la destinación ilegal de tierras establecidas y la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.
Se espera que, una vez sea aprobada la ley, el país cuente con un sistema normativo mucho más fuerte para hacer frente a las amenazas sobre el medio ambiente.
