“El gobierno de Perú debe abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados, que quiebra la salud y el derecho al agua potable de 10 millones de peruanos y compromete la salud de las generaciones futuras”, dijo un experto de la ONU.
El Relator Especial para los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, hizo estas observaciones al final de su visita de país a Perú.
«Mi visita ha tenido lugar en un contexto político convulso. He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura”, problemas que, según el experto de la ONU, “tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas”.
Arrojo-Agudo saludó que la Constitución de Perú, reconoce, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. Sin embargo, el Relator constató durante su visita que este precepto se incumple a menudo.
«Un ejemplo dramático es el de la ciudad de Cajamarca” dijo. “el 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera, y me preocupa la dificultad en acceder a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes”.
Durante su visita Arrojo-Agudo se reunió con representantes del gobierno, de sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos y autoridades locales.
El Relator ha reconocido los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque expresó su preocupación sobre su implementación efectiva.
«Es necesario cambiar de los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo a un enfoque ecosistémico sostenible y basado en derechos humanos”, dijo el experto de la ONU.
Arrojo-Agudo llamó, por otro lado, a promover una gestión integrada que permita superar la vigente dispersión de competencias reforzando las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Arrojo-Agudo ha presentado sus observaciones preliminares al gobierno de Perú y presentará un informe completo con sus hallazgos y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2023.
