El Gobierno brasileño suspendió las siete autorizaciones que había concedido para que empresas mineras explorasen posibles minas o vetas de oro en una región de la selva amazónica, altamente preservada, y próxima a la frontera con Colombia y Venezuela.

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que defiende la explotación minera hasta en las reservas indígenas en la Amazonía, ha decidido suspender las licencias concedidas tras el rechazo de los propios órganos reguladores y las duras críticas de los ecologistas.

La cancelación de los permisos está prevista en un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial y que lleva la firma del ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro, un general de la reserva que se ha convertido en uno de los principales colaboradores del líder de la ultraderecha brasileña.

Las autorizaciones fueron concedidas hace algunas semanas por el propio Ribeiro, pese a que su Gabinete responde por asuntos de seguridad de la Presidencia y no tiene relación con el área de Minas y Energía, y generaron una intensa polémica debido a que permiten la búsqueda de minerales en una de las áreas más preservadas de la Amazonía.

Ribeiro firmó los dos decretos, tanto el que autorizaba la exploración minera como el que suspendió los permisos, en su condición de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, órgano que aconseja a la Presidencia en asuntos de soberanía y defensa.

Brasil fue uno de los países más cuestionados en la conferencia de cambios climáticos COP26 por la falta de control en la destrucción de la Amazonía, algo que también ha llevado a algunos países europeos a amenazar con vetar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

La deforestación de la Amazonía alcanzó niveles récord en el Gobierno de Bolsonaro y llegó a 13.235 kilómetros cuadrados entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada para un período de doce meses en los últimos 15 años.

Según un estudio divulgado la semana pasada por la organización defensora de derechos humanos Instituto Socio Ambiental (ISA), la deforestación en las zonas protegidas de la Amazonía brasileña durante los tres años de Gobierno de Bolsonaro creció un 79 %, frente a la devastación registrada entre 2016 y 2018.

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