Con el respaldo de más de 70 congresistas en cabeza del presidente de la Comisión Quinta del Senado, Inti Asprilla (Alianza Verde), fue radicado el proyecto de ley por medio del cual se busca prohibir en Colombia la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, el uso del fracking y se ordena la expedición de una política de transición energética.

El senador Asprilla anunció que esta iniciativa tendrá prioridad en la Comisión Quinta, “aseguramos un rápido avance, la Comisión tiene catorce integrantes y 12 hacen parte de la coalición de Gobierno”.

Expresó que “como se ha dicho los cambios son las reformas, tenemos la plena seguridad que lo podemos lograr. Tenemos la disposición de avanzar en el proyecto de ley y poder designar los ponentes rápidamente”.

La senadora Isabel Zuleta (Coalición Pacto Histórico), destacó que el proyecto no sólo es respaldado por “la bancada ambientalista sino también por el gobierno, aquí estamos activistas que hemos puesto el alma y la vida a las luchas ambientales… estamos decididos a respaldar esa iniciativa y otras que se vienen”.

Destacó Zuleta que con este proyecto al ser ley, Colombia se va a sumar a una dinámica global en la “nosotros estemos a la par del mundo en donde muchos países ya lo prohibieron entre ellos España, Brasil y Uruguay”.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó que es un compromiso del gobierno del presidente Petro de “trabajar por un país que haga transición social y económica y ambiental, no es lógico que si queremos una transición energética vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles”.

Pidió además al Congreso darle al gobierno las facultades para que en el término de dos años disponga de un plan de transición energética.

Recientemente el Consejo de Estado negó una demanda que pretendía darle nulidad a las normas que se establecieron para poder llevar a cabo los pilotos de fracturamiento hidráulico, o técnica de fracking, en el país.

Lo anterior significa que revivió la continuidad de la reglamentación que busca efectuar los trabajos de exploración a través de este sistema en el sector de hidrocarburos nacional.

Cabe señalar que el decreto y la resolución estaban suspendidos desde finales de 2018 por decisión del alto tribunal mientras se resolvía de fondo la demanda.

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