Con éxito se llevó a cabo ayer la sesión 14 de la Comisión de Guardianes del Río Atrato, espacio en el que se presentaron los avances en el cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016, que reconoce a este importante río como sujeto de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha gestionado la formulación, financiación y puesta en marcha de proyectos para dar cumplimiento a la sentencia, entre estos las acciones de rehabilitación ecológica en el Consejo Comunitario de San Isidro (río Quito), en donde se han recuperado 170 hectáreas y 100 personas han sido capacitadas en restauración ecológica; allí se desarrollará un modelo geomorfológico para la restauración del cauce del río Quito y se implementarán estrategias sostenibles para la recuperación de ecosistemas degradados y contaminados por la minería aurífera en esta cuenca, entre otras iniciativas.

“Los ríos deben ser el centro de desarrollo del territorio, a nivel ambiental, social y urbano. Allí es donde está la mayor riqueza: hay agua, hay biodiversidad y hay desarrollo, por eso esta sentencia es tan importante. En el marco de esta sentencia venimos avanzando en inversiones para poder traer desarrollo económico y social con responsabilidad ambiental”, dijo durante su intervención en Atrato el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa.

Se está cumpliendo

Por su parte, Fabián Caicedo, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Minambiente, habló sobre la importancia de estos encuentros. “Para conservar la naturaleza se debe reducir la brecha de pobreza, por eso nuestro propósito es darle cumplimiento al plan de acción de la Orden Quinta de la sentencia y articular las acciones correspondientes bajo el Modelo de Gestión Integral de la Sentencia”, aseguró.

La Orden Quinta a la que se refiere Caicedo ordena el diseño de un plan para la descontaminación de este río, un recurso natural de vital importancia para las comunidades del Chocó.

Durante la sesión se adoptó el plan de acción de la Orden Séptima de la sentencia, con el que se busca la recuperación de las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto del etnodesarrollo que aseguren mínimos de seguridad alimentaria en la zona. Este plan es producto del convenio entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), estructurado con las comunidades y basado en las cinco líneas estratégicas de la sentencia, que son planeación y ordenación territorial, mejoramiento de la calidad de vida, producción sostenible, gobernanza territorial y gestión de la información y el conocimiento.

Una oportunidad

El subdirector de Investigaciones del IIAP, Giovanny Ramírez, se mostró satisfecho con estos procesos de construcción colectiva. “El llamado institucional como IIAP es a ver la sentencia como una gran oportunidad para incidir de manera positiva en el desarrollo competitivo del territorio y el establecimiento de políticas públicas regionales en beneficio de quienes lo habitamos”, puntualizó.

Además de los ministerios de Ambiente, Interior, Agricultura y el IIAP, de este espacio participaron los 14 líderes comunitarios miembros del Cuerpo Colegiado de Guardianes, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Chocó y Urabá, dos miembros de su equipo de apoyo y tres delegados del Comité de Seguimiento conformado por la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y autoridades locales.

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