En 2021 en Colombia han sido incautados, a la fecha, 18.636 individuos de fauna y 282.147 de flora, lo que ha representado 2.325 capturas.

Por esta razón, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, hizo un enérgico llamado a la protección de la riqueza natural del país. “¡El tráfico ilegal de especies es un atentado contra la biodiversidad! No podemos permitir que los activos naturales de Colombia se comercialicen de manera ilegal y sean considerados una mercancía. Este delito ya quedó tipificado, y vamos a seguir fortaleciendo las medidas para proteger la fauna y flora del país, al que le estamos dejando un marco normativo moderno, del que forman parte la Ley de Delitos Ambientales, el decreto de No Maderables y la Ley de Acción Climática, entre otras”, dijo.

Las cifras fueron reveladas por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco). Los departamentos en los que más se presentó esta práctica ilegal son Cundinamarca, Santander, Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico.

Al respecto, el coronel Jhon Harvey Alzate, director de la Dipro (Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, afirmó: “Entre un 50 y un 80 por ciento de los animales que se trafican, mueren. La Policía Nacional, en su estrategia contra el tráfico de fauna silvestre, cuenta con planes de control para ponerle freno a las estructuras criminales que afectan nuestra biodiversidad”.

Entre las especies de fauna más traficadas están las tortugas, hicoteas, matamatas, iguanas, babillas, canarios, loros, guacamayos azul-amarillo, monos araña, monos tití cabeciblanco y cariblanco, y de flora, palmas y guaduas. Por eso el Minambiente, consciente de que estas prácticas ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas, hace un llamado a la sociedad en general, en esta época de Navidad y Fin de Año, para que diga ¡No! a la venta, tránsito y comercialización de los ejemplares que enriquecen la biodiversidad colombiana.

La ley lo prohíbe

El ministro Correa recordó que, gracias a la expedición de la Ley de Delitos Ambientales, el tráfico de fauna quedó consagrado en el artículo 328A, que establece: “Quien trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses, y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Dicha pena se aumentará, dice la ley, de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

En Colombia, las modalidades de tráfico ilegal de especies son distintas, se usa desde encomiendas o envíos humanos hasta cajas de icopor en las que se hacen microhábitats, antiguos rollos fotográficos para transportar pequeñas ranas venenosas y botellas plásticas para que no sean detectadas en los controles, y movilizar así aves exóticas.

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