Con un historial de represión a disidentes, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se convierte en el anfitrión de la Cumbre del Clima COP28, donde los activistas buscan destacar los derechos humanos y la justicia climática. Sin embargo, existe el temor de que puedan enfrentar limitaciones para expresarse con plena libertad.

Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social, así como Responsabilidad de Empresas de Amnistía Internacional (AI), subraya la necesidad de que EAU proteja el espacio cívico durante la COP28 y facilite la participación activa de los observadores. A pesar de las garantías proporcionadas, los activistas expresan temores genuinos, considerando el pasado histórico de EAU.

El país ha sido señalado por organizaciones no gubernamentales (ONG) por su «pésimo historial» en derechos humanos, con condenas a largo plazo para 60 miembros de la sociedad civil emiratí en un juicio masivo hace más de una década. La legislación emiratí impone restricciones severas y castigos por el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Además, se teme la vigilancia electrónica, algo que EAU ha practicado según ONG.

Richard Pearshouse, director de Medio Ambiente de Human Rights Watch (HRW), destaca que las autoridades emiratíes han restringido la sociedad civil, encarcelando activistas y utilizando leyes represivas. Aunque Emiratos promete espacio para activistas climáticos en la llamada Zona Verde, fuera de la Zona Azul donde ocurren las negociaciones, se anticipa que los activistas se concentren en la Zona Azul, bajo mandato de la ONU, por temor a represalias en la Zona Verde, bajo jurisdicción emiratí.

El acuerdo entre la ONU y las autoridades de EAU no es público, generando preocupación. Schaaf resalta que organizaciones humanitarias internacionales, incluida Amnistía Internacional, no pueden llevar a cabo actividades de investigación en el país, y ningún procedimiento especial de la ONU ha visitado Emiratos desde 2014.

Schaaf enfatiza que un debate político efectivo sobre el cambio climático requiere la participación de aquellos más afectados, en un entorno abierto y respetuoso de los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión, algo que, según ella, EAU no cumple.

Ahmed Mansoor, detenido en 2017 y condenado a 10 años por su activismo pacífico, se convierte en el símbolo de la represión en la COP28. HRW insta a todos los participantes en la conferencia a exigir su liberación. Schaaf agrega que EAU debe demostrar su compromiso con los derechos humanos liberando a todas las personas detenidas arbitrariamente antes de la COP28, incluyendo a Ahmed Mansoor.

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