En el departamento de Putumayo, un grupo de mujeres valientes se ha erigido como las Guardianas del Agua y defensoras del Acuerdo de Escazú, uno de los pactos más significativos en materia ambiental y de derechos humanos. Ahora, con el ingreso de 30 nuevas defensoras, están decididas a proteger sus territorios y comunidades.
La iniciativa de las Guardianas del Agua es promovida por la Alianza Tejedoras de Vida, una asociación compuesta por 65 organizaciones de mujeres en el departamento del Putumayo. Su objetivo primordial es impulsar la defensa de los derechos humanos y del territorio, abordando estas cuestiones desde una perspectiva de género y de paz.
La red de Guardianas del Agua cuenta con más de 100 mujeres comprometidas con la protección del agua y la Amazonía, con un enfoque específico en la equidad de género. Su labor se extiende a lo largo de 13 municipios en Putumayo, donde han recibido capacitación y herramientas para fortalecer su lucha, convirtiéndolas en activas defensoras del acuerdo de Escazú.
Fundada en 2020, esta red de mujeres se ha robustecido no solo en conocimientos y herramientas para defender su territorio y exigir una agenda ambiental con enfoque de género, sino también como asociaciones que dinamizan iniciativas de protección en sus municipios.
Un ejemplo destacado de esta dedicación y compromiso es Olga Caicedo Pinto, una mujer campesina y defensora de los derechos humanos. «Ser guardiana del agua me ha permitido aprender, fortalecer mis capacidades y defender mi territorio; me siento impulsada y escuchada como mujer», afirma Caicedo, quien junto con 30 mujeres de su vereda trabaja en la protección de los humedales locales, transmitiendo su sabiduría y experiencia a nuevas generaciones de guardianas.
El Acuerdo de Escazú representa un importante compromiso y avance tanto a nivel nacional como regional en el reconocimiento y garantía de los derechos ambientales y de las personas defensoras del ambiente. Además de armonizar marcos jurídicos ambientales con los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, busca asegurar un entorno seguro y propicio para quienes defienden estos derechos, promoviendo la paz y la no violencia en su labor.
Escazú está en consonancia con las tendencias jurídicas internacionales que reconocen la relación entre la protección ambiental y los derechos humanos, y enfoca sus esfuerzos en las personas tradicionalmente discriminadas y marginadas en la toma de decisiones ambientales.
En resumen, el Acuerdo de Escazú no solo es una herramienta legal, sino también un escudo protector para estas mujeres frente a las amenazas y riesgos que enfrentan debido a la deforestación y la extracción minera en la región. Su ratificación garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, elementos fundamentales para una verdadera democracia ambiental.
Recientemente, el 9 y 10 de marzo, más de 20 mujeres del Putumayo se reunieron para profundizar en su comprensión del Acuerdo de Escazú. Durante este encuentro, compartieron experiencias y reflexionaron sobre la importancia de seguir luchando por la defensa del territorio y las generaciones futuras.
Aunque el futuro de la Amazonia está en peligro, el compromiso y la determinación de estas mujeres brindan esperanza. Escazú representa más que un tratado: es la promesa de un futuro más sostenible y equitativo para todos.
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