El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han alcanzado un acuerdo político para modernizar las normativas relacionadas con la recopilación, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas, abarcando poblaciones a partir de 1.000 habitantes, con el objetivo de salvaguardar de manera más eficaz el medio ambiente y la salud humana.
El conjunto de normas acordado, sujeto a la aprobación oficial del Consejo de la UE y la Eurocámara, amplía la regulación e incorpora nuevos aspectos, como la obligación de que los productores de medicamentos para uso humano o cosméticos asuman el 80 % de los costos adicionales para eliminar microcontaminantes del agua.
Además, la nueva normativa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo de varios parámetros de salud pública, incluido el SARS-CoV-2 y sus variantes, así como contaminantes como microplásticos y sustancias químicas como los perfluoroalquilos o PFAS, conocidos como «químicos eternos».
«Se controlará también la resistencia a los antimicrobianos en las aguas residuales urbanas de aglomeraciones de más de 100.000 habitantes», señaló el Parlamento en un comunicado.
En líneas generales, se acordó aplicar un tratamiento secundario (eliminación de materia orgánica biodegradable) a las aguas residuales urbanas antes de verterlas al medio ambiente, en todas las aglomeraciones de 1.000 habitantes equivalentes o más para 2035.
Asimismo, para 2039, los países de la UE deberán garantizar la aplicación del tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) en todas las plantas que cubran 150.000 habitantes y, para 2025, en plantas que cubran 10.000 habitantes.
A partir de 2024, se establecerá como obligatorio un tratamiento cuaternario en todas las plantas, según la Eurocámara.
Los Estados miembros deberán presentar a Bruselas sus planes nacionales actualizados en 2026, según la Comisión Europea.
En un esfuerzo por descarbonizar el sector, se acordó una progresión de la utilización de energía renovable que empezará con el 20 % en 2030 y alcanzará el 100 % en 2030.
«El acuerdo alcanzado hoy representa un gran avance para mejorar significativamente los estándares de gestión del agua y tratamiento de aguas residuales en Europa, especialmente con nuevas reglas para eliminar microcontaminantes provenientes de medicamentos y productos de cuidado personal», declaró el negociador jefe del Parlamento Europeo, Nils Torvalds.
La Comisión Europea elogió el acuerdo, destacando que la nueva normativa contribuirá a tener «ríos, lagos, aguas subterráneas y mares más limpios en toda Europa».
En relación con España, la Comisión Europea presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE en diciembre pasado por su «incumplimiento total» de la legislación comunitaria sobre la recopilación y tratamiento de aguas residuales urbanas, basándose en las normas vigentes hasta ahora. Bruselas critica a España por no garantizar que 29 aglomeraciones se beneficien de sistemas de recopilación de aguas urbanas, mientras que otras 255 áreas urbanas españolas deben construir o mejorar infraestructuras. En 2018, el TJUE impuso a España una multa de 11 millones de euros cada seis meses por no depurar sus aguas residuales urbanas en varios municipios del país, incumpliendo la normativa europea.
