Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en el país se han registrado 238 hechos de grave afectación al medio ambiente: en promedio uno por semana. Esta es la cifra que arrojó el informe ‘El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz’, presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El estudio, que abarca el período comprendido entre el año 2017 y mayo de 2022, analiza los datos arrojados por el Sistema de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz relacionados con las afectaciones que han continuado ocurriendo en el marco del conflicto armado en 12 zonas donde se ha reactivado. Los hechos incluyen graves contaminaciones de fuentes hídricas y cuerpos de agua, así como daños al suelo, la flora y la fauna en varios territorios del país.

Estas afectaciones están presentes en 21 departamentos y en 177 municipios de todo el país siendo los departamentos más afectados Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Santander y Meta. Los años 2019 (56) y 2021 (136) fueron los que más registros presentaron de violencia contra el medio ambiente.

Los hallazgos de la UIA están enfocados en cinco tipos de hechos: los atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles, las actividades asociadas a la producción de base de coca y los incendios que afectan la cobertura vegetal.

Sobre la afectación a la infraestructura petrolera la UIA encontró que se han registrado 41 ataques principalmente en Norte de Santander, Arauca y Nariño, la mayor parte de ellos en 2019. La Unidad alerta sobre los daños que estos hechos ejercen sobre las fuentes hídricas en las que se derrama el crudo. Algunos grupos armados usan estos derrames para almacenar el petróleo y venderlo para financiar sus estructuras.

La minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medio ambiente de manera constante en estos años. En el período posterior a la firma del Acuerdo, en 17 departamentos y en 66 municipios se han presentado, al menos, 140 afectaciones a fuentes hídricas, suelos, fauna y flora derivados de esta modalidad criminal. La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó. En 2021 este tipo de afectaciones se disparó, principalmente por el accionar del Clan del Golfo.

La tala masiva e indiscriminada de árboles, actividad que ayuda a soportar las economías ilegales, ha ido en aumento desde la firma del Acuerdo. En 2021, el número de actividades registradas creció en 900% y 2022 ya es el segundo año con mayor cantidad de registros. La deforestación golpea especialmente a la Amazonia, donde se concentró 72% de las afectaciones.

La UIA también hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales. En estos (20% del total) persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios, líderes y lideresas ambientales.

El territorio como víctima

El análisis de la Unidad recoge los avances jurídicos en torno al reconocimiento del territorio como víctima. La JEP, siguiendo la jurisprudencia nacional, ha proferido cuatro fallos que plantean este reconocimiento: el Cxhab Wala Kiwe, el Katsa Su y el Eperera Euja, que son territorios ancestrales de los pueblos indígenas nasa, awá y sia, respectivamente, así como los consejos comunitarios de Tumaco donde habitan comunidades afrodescendientes. Estos lugares han sido nuevamente desarmonizados debido a las graves afectaciones que se han presentado contra el medio ambiente.

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