Ante el cierre del relleno sanitario El Carrasco por orden judicial, que sirve para la disposición de las basuras de Bucaramanga y otros 15 municipios, las autoridades de Santander declararon la calamidad pública por la emergencia que se registra para la acumulación de los residuos sólidos.

«No voy a permitir que las basuras de Bucaramanga se queden en las calles, esto sería una tragedia. Con el equipo de la Alcaldía de Bucaramanga hemos venido trabajando sin descanso para evitar una crisis sanitaria en nuestra ciudad. En este momento con normalidad funciona y recoge Emab», aseveró este lunes en la mañana el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey.

Una de las opciones planteadas por los alcaldes fue trasladar la basura a Aguachica (Cesar) pero la comunidad y la Alcaldía se opusieron.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reiteró el llamado a las empresas prestadoras del servicio público de aseo en 16 municipios del departamento de Santander para que actualicen y activen sus planes de emergencia y contingencia, ante el cierre del relleno sanitario El Carrasco ordenado por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.

La entidad también recordó al gobernador y los alcaldes su deber constitucional como garantes de la prestación de los servicios públicos en sus territorios, con el fin de asegurar la continuidad en la recolección, transporte y disposición de los residuos que se producen en los municipios de Bucaramanga, Betulia, California, Charta, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Los Santos, Matanza, Piedecuesta, Rionegro, Santa Bárbara, Suratá, Tona y Zapatoca.

El superintendente encargado, Andrés Bitar Arrazola, informó que “Desde las competencias de la superintendencia, y en conjunto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y la Procuraduría General de la Nación, hemos hecho seguimiento a las posibles alternativas de solución para la recepción de residuos de 16 municipios de Santander. Desde el 2019, la entidad ha realizado vigilancia especial a la prestación del servicio, los planes de contingencia de las empresas, y las condiciones del relleno, requiriendo acciones alternativas para afrontar el anunciado cierre de El Carrasco, que hasta ahora ha podido funcionar con permisos de la autoridad ambiental”.

Acciones de vigilancia, inspección y control

La superintendencia ha participado, como invitada, a las mesas de trabajo con las autoridades locales que tienen a su cargo la coordinación del plan de cierre y desmantelamiento del relleno, así como la búsqueda de una alternativa que permita la disposición final de residuos para el área metropolitana de Bucaramanga y demás municipios atendidos por El Carrasco.

En ejercicio de sus funciones, ha requerido la actualización de los planes de emergencia y contingencia a cargo de los prestadores para incluir sitios alternos de disposición. En este aspecto, la superintendencia avanza en procesos de investigación administrativa contra varias empresas por no actualizar los planes, y por llevar los residuos a sitios sin autorización ambiental.

Igualmente, la entidad evaluó las condiciones de los rellenos sanitarios propuestos por las administraciones locales para disponer los residuos: Guayabal en Cúcuta; La Madera en Ocaña y La Cortada en Pamplona, Norte de Santander. La Pradera en Don Matías, Antioquia. Las Bateas en Aguachica, Cesar, y El Cucharo en San Gil, Santander.  En estos sitios se analizó la capacidad para recibir los desechos, las distancias que deben recorrer los camiones para transportarlos y su posible impacto en las tarifas que se cobren a los usuarios.

Esta semana se realizaron nuevos requerimientos a las empresas prestadoras responsables para que informen de manera concreta los planes de acción y los sitios de disposición alternos definidos. Una vez se formalice el cierre de El Carrasco, la superintendencia verificará que los residuos de los 16 municipios sean transportados hasta un sitio de disposición final debidamente autorizado. De evidenciarse incumplimientos técnicos o tarifarios por parte de los prestadores, la entidad podrá establecer nuevas acciones de control.

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