Un proyecto de acto legislativo radicado en el Senado de la República por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, busca garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo.

Este proyecto busca imponerle al Estado el deber de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina, entre ellos el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

«La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado» dijo la ministra López Montaño.

Además, la jefe de la cartera agropecuaria agregó que cuando se apruebe y ponga en marcha serán beneficiadas las mujeres, «son ellas quienes además de la violencia estructural y económica deben superar situaciones de violencia basada en género y violencia sexual, así como mayores responsabilidades en la economía del cuidado no remunerado y peores condiciones económicas y educativas» resaltó la Ministra.

De acuerdo con lo propuesto, la reforma constitucional se hace necesaria debido a la difícil situación de los campesinos en el país, sustentada en cifras: los porcentajes de pobreza multidimensional alcanzan el 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global); y los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos pues 501 predios (0,01%) concentran más del 44,52% del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5% de los predios rurales tienen sólo el 0,5% de la tierra.

La educación es la que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos esta población reporta haber alcanzado máximo 8 años de estudio, mientras que a nivel nacional esta cifra se mantiene mayoritariamente en 10 años.

Con la aprobación de este proyecto el Estado reconocerá la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en 2018.

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