La privatización del agua, más en el contexto de escasez hídrica agravada por la crisis climática, amenaza el derecho humano a este recurso, advierten varias especialistas consultadas por EFE, quienes alertan del riesgo de la especulación y subida en el precio del agua que implica dejarlo “en manos del mercado”.
La privatización es una realidad palpable en diferentes partes del mundo -desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Chile- y una tendencia que contradice la de retirar los tradicionales derechos sobre la propiedad del agua, sugiere la especialista en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Amsterdam, Joyeeta Gupta.
En conversación con Efe, Gupta destaca la paradoja de que, por un lado, los estados estén “intentando recuperar el control” de las reservas de agua subterránea -retirando los derechos de propiedad a terratenientes para poder hacerse cargo de la gestión y garantizar el suministro durante la crisis- y que, por otro, otorguen concesiones a empresas que firman contratos a largo plazo para usos industriales.
La experta indica que, en la práctica, estas concesiones -que pueden prolongarse a incluso 50 años, algo que Gupta considera «mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta los impactos del cambio climático»- se traducen en nuevos derechos de propiedad del agua.
Así, la especialista critica que lo único que se está haciendo es sustituir el “esquema tradicional” de la propiedad del agua por otro modelo de privatización, que no garantiza el suministro a la población, sino que incluso lo compromete al elevar el precio, transferir sus usos industriales a aquellos más rentables -en lugar de dar prioridad a las necesidades humanas o de la naturaleza- y no asegurar las reservas de agua subterránea para el futuro.
La privatización favorece la desigualdad
«Estamos agotando en una generación el agua que han acumulado cientos de generaciones», lamenta, y a medida que quede todavía menos agua subterránea, “su precio en un sistema de mercado normal subirá”, lo que podrá disparar aún más las desigualdades en el acceso.
Un problema que, según Gupta, acentúa la desigualdad es que los países del sur global a menudo carecen de recursos para costear la compensación económica que implica rescindir los contratos con las multinacionales que tienen esas concesiones incluso en momentos de estrés hídrico.
Un caso paradigmático, señala, es el de Bechtel vs. Bolivia, en el que la compañía estadounidense demandó al gobierno de Bolivia por 25 millones de dólares después de que éste invalidara el contrato con la empresa a causa de las protestas que había provocado en Cochabamba el aumento en las tarifas del agua como consecuencia de la concesión.
