El articulado de la reforma tributaria aprobado este jueves en primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República, elimina el artículo que garantizaba que la recaudación de este tributo llegue a iniciativas de protección de la naturaleza.
Según un análisis de la Ong WWF este cambio de destinación afecta gravemente la conservación de la biodiversidad, pues desfinanciaría iniciativas relacionadas con la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.
Este tributo, que en 2021 alcanzó los 425 mil millones de pesos, es fundamental para que el país contribuya al cumplimiento de metas globales en clima y biodiversidad y para la puesta en marcha del Programa Herencia Colombia*. Una cifra no menor, pues supera incluso el insuficiente presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo para 2023, de 383 mil millones, correspondiente al 1% del total de gasto de inversión del gobierno.
En el mundo, países como Francia, Holanda y Dinamarca, entre muchos otros, tienen destinaciones específicas para los impuestos ambientales y son inalterables en su propósito. Resulta inconcebible que uno de los países más biodiversos del mundo erosione los recursos para la conservación de su mayor riqueza. Más aún, que las autoridades ambientales, en cabeza del Ministerio, pierdan de vista la defensa de una destinación específica sobre el impuesto al carbono.
La ejecución del impuesto al carbono es susceptible de mejora. Lo evidencian los constantes cambios luego de seis años. Tras su destinación inicial al Fondo Colombia en Paz, en 2016, ha sufrido cinco modificaciones. Ejecutar los recursos del impuesto para financiar proyectos que mitiguen los impactos de la contaminación es imperativo, pero eso no significa eliminar su destinación exclusiva y castigar al sector ambiental en el momento más crítico para el planeta.
El país no puede dar este timonazo. Estamos ante una oportunidad única de, no solo mantener este mecanismo, sino buscar alternativas de financiación complementarias al impuesto al carbono para fortalecer un sector que exige acciones inmediatas.
La tributaria ya avanza en su trámite legislativo, lo que exige abrir una discusión sin dilaciones para asegurar que el recaudo por impacto ambiental mantenga su foco exclusivo en la naturaleza.
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