Los informes sobre la deforestación en Colombia dan cuenta del menosprecio con el que algunas autoridades y parte de la ciudadanía asumen el compromiso de mantener en pie los bosques del país.
El año pasado fueron deforestadas unas 158.894 hectáreas de bosques y aunque la cifra es menor en comparación con el año 2018, cuando fueron deforestadas 197.159 hectáreas, el daño es grave y ocurrió principalmente en la Amazonía, pero la segunda región más afectada es la Andina, con 28.089 hectáreas destruidas.
Muchos factores explican esta terrible situación para el país, pero principalmente podemos señalar como responsables a las organizaciones ilegales que buscan obtener recursos de la tala indiscriminada, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas por los delincuentes que siembran el terror frente a quienes intentan oponérseles.
Esta es una situación en la que el Gobierno Nacional, a través de las Fuerzas Armadas y con el desarrollo de programas de recuperación en asocio con las comunidades, puede intervenir de manera muy positiva con una mayor voluntad y decisión política.
Pero es muy grave que esos bosques estén siendo arrasados también por algunos que buscan ampliar los espacios para la ganadería o la agricultura, generando daños irreversibles mientras se enriquecen sin ningún control del Estado. Es hora de ponerles freno también, antes de que nos pongan a vivir en un país sin árboles.
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