Los países miembros de la Convención de Minamata, que regula el uso del mercurio, uno de los metales más tóxicos para los humanos, anunciaron este lunes que prohibirán la producción de lámparas fluorescentes (que contienen mercurio) a partir de 2027, dos años más tarde de lo inicialmente previsto.
Durante la quinta reunión de la convención celebrada la semana pasada en Ginebra (COP-5), se acordaron 24 medidas para reducir la comercialización del mercurio en el mercado, con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente. Además de la prohibición de las lámparas fluorescentes a partir de 2027, se estableció que las baterías que utilizan mercurio y las pilas de botón de óxido de plata y zinc-aire, empleadas en dispositivos cotidianos como relojes y básculas, se eliminarán gradualmente para 2025. También se prevé prohibir el mercurio en la fabricación de cosméticos y poliuretanos para esa misma fecha.
Otro avance significativo se dio en la industria de los amalgamas dentales, un material de empaste que contiene aproximadamente un 50 % de mercurio. Para reducir su uso, se consideran estrategias como excluir su inclusión en pólizas de seguros médicos y programas gubernamentales.
Además, se adoptó un nuevo enfoque para reducir el uso del mercurio en las minas de oro artesanal y a pequeña escala, que son el sector de mayor consumo de mercurio en todo el mundo. Este enfoque implica una mayor participación de los pueblos indígenas, quienes son las comunidades más afectadas por esta industria.
Monika Stankiewicz, miembro del secretariado ejecutivo de la convención, destacó la importancia de proteger a los pueblos indígenas y comunidades locales, que son especialmente vulnerables a la exposición al mercurio y están entre los primeros en enfrentar los graves efectos para la salud y el medio ambiente.
En cuanto a las medidas para reducir las emisiones al medio ambiente, la convención acordó establecer el umbral para los residuos contaminados o compuestos de mercurio en una concentración total de 15 miligramos por kilo.
La Convención de Minamata, que entró en vigor en 2017 tras ser ratificada por 128 países, también acordó la creación de un grupo de evaluación encargado de informar sobre los progresos alcanzados por el tratado desde su entrada en vigor.
