La violación de los derechos humanos es la base de las demandas climáticas presentadas desde inicios de 2020, y a las que se ha sumado la que presentaron ONG y ecologistas españoles contra el Gobierno por la “inacción climática”.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón presentaron la demanda tras exponer el pasado 15 de septiembre un “recurso o escrito de interposición por inacción climática” para iniciar un litigio ante el Tribunal Supremo, competente para enjuiciar al Gobierno, explicó en una entrevista a EFE Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.
El documento presentado está “basado en los derechos fundamentales”, según la abogada, porque se estarían “vulnerando derechos como la vida, la salud o el derecho a la propiedad privada” y recoge además “una batería de argumentos jurídicos y científicos” para iniciar el litigio” contra el Gobierno.
La acción contra el Gobierno español forma parte de una “corriente de litigios” que han iniciado en todo el mundo y que han proliferado de una “manera tremenda” desde hace cinco años, pero desde inicios de 2020 ha cogido una “velocidad de vértigo” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Holanda en el caso de la Fundación Urgenda.
Esta sentencia, según Ruiz-Huerta, ha marcado un “hito histórico”, tras un juicio de más de una década en el que la Fundación holandesa demandó al Gobierno por inacción climática, porque sus acciones “son totalmente insuficientes”.
La sentencia condena al Gobierno holandés a “elevar su ambición climática y reducir sus emisiones”, pero lo hace en el mismo año en el que debía cumplir con esos objetivos, es decir el 2020, y es “la primera vez que ese alto Tribunal se basa en la violación de los derechos humanos para condenar al Ejecutivo” a superar los límites de sus aspiraciones climáticas.
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