Sin financiación no hay soluciones. «Necesitamos esos 100.000 millones». «Es necesario repartir la riqueza y hacer lo que es correcto», defendía el funcionario de la ONU antes del cierre de la II Conferencia de los Océanos.
Un llamamiento que comparten los países en vías de desarrollo, las comunidades originarias y la sociedad civil.
«Los políticos de los países desarrollados no actuarán si no es en el interés económico de sus países, por lo que las islas pequeñas debemos actuar en nuestro propio interés», denunciaba el portavoz de Antigua y Barbuda.
«Demasiada palabrería y poca acción», resumían activistas medioambientales tras cinco días de debates entre gobiernos, investigadores, empresarios y sociedad civil que comenzaron con la alerta lanzada en la apertura por el secretario general de la ONU, António Guterres: «Nos enfrentamos a lo que yo llamaría una emergencia oceánica».
Guterres no se quedó a la clausura y no tuvo oportunidad de escuchar las demandas de los pueblos originarios.
«La pesca artesanal es el corazón de nuestra vida», resumía a Efe Micheline Somplehi Dion, de la Unión de las Sociedades Cooperativas de Mujeres de la Pesca de Costa de Marfil.
«Por favor, habladnos. Por favor, miradnos», reclamaba Susan Jerry, de la Red de Mujeres Africanas Procesadoras de Pescado.
Ni los debates de estos cinco días ni los reclamos de las comunidades se han reflejado en la declaración final, un documento político cerrado en Nueva York en mayo que, por ejemplo, no menciona el espinoso tema de la minería submarina, y no fija tampoco compromisos vinculantes.
El texto reconoce el efecto «devastador» del cambio climático en los océanos, alerta sobre el «nefasto» estado de los mares y pide «más ambición».
Admite el «fracaso colectivo» en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, relativo a los océanos, y evita citar el gran desafío para 2030: proteger el 30% de los mares.
De Lisboa salen tímidos avances en la lucha contra la minería en aguas profundas.
Después de que Palaos lanzara una Alianza para apoyar la moratoria contra la minería -con la colaboración de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas y a la que se unieron Fiji y Samoa-, Francia tomó posición.
