El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advirtió acerca del desarrollo lento y la falta de perspectivas de los biocombustibles avanzados en la UE, generando dudas sobre los supuestos beneficios medioambientales de estos compuestos destinados a descarbonizar la aviación y el transporte marítimo.
En un comunicado, el director de la auditoría del Tribunal de Cuentas de la UE sobre los biocombustibles, Nikolaos Milionis, resumió: «Los biocarburantes deben contribuir a los objetivos de neutralidad climática de la UE y reforzar su soberanía energética. Sin embargo, con la actual política de biocarburantes, la UE navega sin un mapa y corre el riesgo de no alcanzar su destino».
El informe destaca que la UE destinó aproximadamente 430 millones entre 2014 y 2020 para investigar biocarburantes avanzados, definidos como «combustibles líquidos destinados al transporte y producidos a partir de biomasa». Estos deben cumplir criterios de sostenibilidad, obtenidos principalmente de cultivos para producir etanol y biodiésel.
A pesar de la inversión en investigación, el despliegue de estos biocarburantes «tarda más de lo previsto», la producción se ve limitada por problemas de disponibilidad de biomasa, no son competitivos por su elevado costo, no siempre respetan el medio ambiente y carecen de «perspectivas a largo plazo», según los auditores.
El Tribunal advierte que los biocarburantes enfrentan un futuro incierto y lleno de obstáculos, señalando que la legislación y prioridades de la UE en biocombustibles han cambiado frecuentemente, lo que disminuye la atracción de inversiones en el sector.
En el ámbito de la aviación, un sector difícil de electrificar, los biocombustibles podrían contribuir, pero la capacidad de producción potencial en la UE apenas alcanza la décima parte de las necesidades proyectadas para 2030, según la legislación vigente.
El informe también destaca que las ventajas medioambientales de los biocarburantes, especialmente los obtenidos de tierras de cultivo, a menudo son sobrevaloradas, ya que su producción podría llevar a la deforestación y problemas para la biodiversidad, el suelo y el agua, planteando cuestiones éticas sobre las prioridades entre combustibles y alimentos. Además, la UE ha aumentado sus importaciones y dependencia de biomasa de países como China, el Reino Unido, Malasia e Indonesia.
