El horizonte de la eliminación de los combustibles fósiles no es el único factor que ha generado tensión y complicaciones en las negociaciones de la COP28 en Dubái. La financiación para la acción climática y la adaptación son elementos cruciales en las alianzas entre países, pero también están creando brechas significativas.
La COP28 ha alcanzado su punto álgido de tensión, exacerbado por la controversia generada el lunes en torno al borrador del ‘Balance Global’ propuesto por la presidencia de la cumbre, lo cual ha provocado descontento entre numerosos negociadores.
La prioridad principal para la Unión Europea, como ha subrayado desde el inicio, es la urgente necesidad de poner fin a los combustibles fósiles. Sin embargo, esta demanda, esperada por muchos países para integrarse en el ‘Balance Global’, aún no se refleja en el documento.
Financiamiento
No obstante, la financiación para afrontar la transformación necesaria para descarbonizar la economía y mitigar los impactos climáticos inevitables es otro punto conflictivo que está obstaculizando las alianzas entre bloques, según fuentes de las negociaciones consultadas por EFE.
Muchos países en desarrollo se muestran reticentes a aceptar un acuerdo que no garantice que las economías industrializadas, enriquecidas bajo el modelo que ahora buscan desmantelar, contribuirán financieramente para llevar a cabo estos cambios en sus territorios.
Catherine Abreu, directora de Destination Zero y especialista en política climática, señala a EFE que «si vamos a lograr el paquete de transición energética, tendrá que ir acompañado de una promesa de apoyo financiero y tecnológico para esa transición, especialmente para los países en desarrollo que no están recibiendo esos flujos de financiación en este momento».
«La gran mayoría de la financiación para la energía limpia va actualmente al Norte global y a China», aclara Abreu, destacando las dificultades que enfrentan muchos países en desarrollo, especialmente después de la pandemia, para asumir sus deudas, lo que aumenta el riesgo asociado con préstamos e inversiones.
Coaliciones
La UE, como en otras cumbres, busca coaliciones con los países más comprometidos, especialmente sus socios habituales, como los pequeños estados insulares en desarrollo, que solicitan el fin de las energías fósiles para preservar su futuro, así como fondos para resistir y prevenir las consecuencias climáticas sin incurrir en deudas.
Aunque el grupo de los 27 lidera en mitigación y aboga por poner fin de manera ordenada a los combustibles fósiles, en el ámbito de la financiación, Europa adopta una postura más defensiva. Los europeos argumentan ser el mayor donante de financiación climática internacional y sostienen que aportan «más dinero del que les corresponde» al Fondo Verde del Clima, al que los países ricos se comprometieron a contribuir con al menos 100.000 millones de dólares anuales para 2020, una promesa que, hasta ahora, no se ha cumplido sistemáticamente.
Estados Unidos, por su parte, se alinea con la UE en sus demandas de mitigación (eliminar los combustibles fósiles) pero encuentra discrepancias con Europa en la fórmula para financiar esa transición, según fuentes europeas.
Responsabilidad común pero diferenciada
Los países en desarrollo, agrupados en el G77, enfatizan el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas», según la contribución histórica al calentamiento y las capacidades de cada uno, tal como establece el Acuerdo de París en su artículo 9.
Este artículo, dedicado a los recursos financieros, establece que son los países desarrollados quienes deben respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo para construir un futuro sostenible. Sin embargo, la UE y Estados Unidos hacen hincapié en el artículo 2.1.c, que busca que «los flujos financieros sean coherentes con una senda hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resistente al clima».
Los países en desarrollo, afectados también por la falta de confianza que caracteriza estas negociaciones, sospechan que esto podría convertirse en un comodín para que los países ricos evadan responsabilidades.
«Los niveles de confianza son muy bajos no solo por la geopolítica, sino por los años de promesas incumplidas», señala Tom Evans, analista de E3G y experto en diplomacia climática. Temen que los pagos para la mitigación y adaptación climática se dejen a la «mano invisible» del sector privado, diluyendo así la obligación de los estados más contaminadores.
Aunque no descartan las fuentes privadas, insisten en que la parte principal debe provenir del ámbito público y, específicamente, «sobre la base de subvenciones, porque de otra manera lo que hace es aumentar la deuda», según la portavocía del G77.
Además, el artículo 2.1.c genera incertidumbre en estos países más vulnerables al cambio climático. Algunos dudan, por ejemplo, si la construcción de infraestructura gris, como diques contra inundaciones, recibirá financiación privada, ya que la huella de carbono de tales proyectos es elevada.
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